Acceso a la justicia no es acceso a la Ley, sino acceso a la justicia Social. Aristóteles afirmaba que la igualdad de trato a personas en condiciones desiguales acentúa la desigualdad. Por ese motivo para lograr una sociedad más igualitaria no debiera actuarse igualitariamente sino equitativamente, compensando las diferentes condiciones en la que está cada persona. La justicia social, un concepto aparecido a mediados del siglo XIX, se quita la venda para poder considerar la realidad y compensar las desigualdades que se producen.
No alcanza con poner los derechos a disposición, no son derechos individuales liberales sino derechos humanos (Eduardo Barcesat). La XIV Cumbre Judicial Iberoamericana en las 100 Reglas de Brasilia, considera en condición de vulnerabilidad aquellas personas que, por razón de su edad, género, estado físico o mental, o por circunstancias sociales, económicas, étnicas y/o culturales, encuentran especiales dificultades para ejercitar con plenitud ante el sistema de justicia los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico.
La consideración del “acceso a la justicia” evidencia no un problema burocrático legal, sino una necesidad más profunda: la de un real acceso a derechos: reconocidos y declarados en Tratados y Constituciones pero muy escasamente ejercidos. Si el ejercicio de los Derechos queda pendiente para una inmensa mayoría; es señal que el Derecho y la Política, como organizadores de las relaciones sociales, han evolucionado en direcciones distintas… o bien; que algunos han visto en el Derecho un campo fértil para la mentira piadosa y las falsas esperanzas que nunca se concretan.
Siempre será válido el esfuerzo de un profesional del Derecho para salvar una vida, el presente o el futuro de cualquier persona despojada de lo más elemental; pero no es la función última del Derecho la curación de heridas. Sin lugar a dudas, la respuesta no es una Ley más depurada, o más abogados presentando amparos; sino una política que actúe con justicia Social.
