La discusión política tiene “mala prensa” por parte de los poderes concentrados. Cada tanto, alguno de sus voceros declara la muerte de las ideologías y el fin de la historia.
La resistencia a tal pretensión hegemónica la encarnan la vitalidad de partidos y organizaciones sociales y la expresan conceptualmente pensadores como Jacques Rancière: “la política es una actividad que tiene como racionalidad propia la racionalidad del desacuerdo”. Para el filósofo argelino, los disensos que deja en pié el debate democrático, no son algo malo, ni un signo de incompletud, sino un indicador de libertad, pluralidad y vitalidad social.
Por lo contrario, la ideología que sustenta la inconveniencia del debate pretende borrar la diversidad de pensamiento. Esa ideología rechaza que la política vitalice a la sociedad, básicamente porque es un credo funcional a la riqueza en manos de unos pocos, y bien se sabe, que sólo la politización permite formar una mayoría que eventualmente presione y accione por una distribución igualitaria.
Invocando la “paz social”, la “civilizada” apoliticidad promueve el desentendimiento por la cosa común, por la "res publica"; sus voceros recomiendan dejar todo en manos de especialistas (formados muy convenientemente por los poderes concentrados). El involucramiento de grandes sectores al debate sobre los asuntos comunes no solo insinúa peligro para los privilegios, también pone en presencia que, para confrontar opiniones, primero las partes debieran reconocerse como tales y dar "cierta condición de igualdad" a sus respectivas voces (Cornelius Castoriadis).
Una política no discriminatoria y democrática traería problemas para conservar privilegios concentrados. Por esa razón, para la oligarquía cipaya que concibió el Estado argentino en 1853, indios, negros y gauchos no eran sus iguales y con ese argumento los silenciaron e impidieron que se integraran políticamente, Habitualmente, persiguieron y eliminaron a quienes se resistieran.
Bartolomé Mitre, en carta a Sarmiento del 29 de marzo de 1863, fuerza el tratar como delincuentes comunes -no como rivales políticos- a los caudillos federales del interior del país: “no quiero dar a ninguna operación sobre La Rioja, el carácter de guerra civil. Mi idea se resume en dos palabras: quiero hacer en La Rioja una guerra de policía (…) declarando ladrones a los montoneros, sin hacerles el honor de considerarlos como partidarios políticos, ni elevar sus depredaciones al rango de reacción”.
Esa idea mitrista se repite hoy en la persecución penal a figuras políticas de los sectores populares.
