La conflictiva relación entre hambre y libertad

Introducción

Este ensayo fue presentado en el II Congreso de Pensamiento Político Latinoamericano, Buenos Aires, 2 de Noviembre de 2012 y posteriormente publicado en versión digital por CIPPLA (Centro de Investigaciones en Pensamiento Político Latinoamericano) y Ediciones Madres de Plaza de Mayo; en la compilación: hegeMoníA, estADo y PoPULIsMo.

El hilo conductor del mismo, es lo que entiendo el problema principal o tensión principal a resolver (en lo micro y en lo macro): la superestructura de justificación actual: la sobrevaloración de la libertad personal aún por sobre las necesidades o derechos de la mayoría. Eso expresa el título: “la conflictiva relación entre hambre y libertad”.

Frente al tema de la exclusión y el hambre que provoca la desorganización liberal dos consideraciones centrales y una conclusión: El hambre no es un problema de imposibilidad material, pero tampoco puede reducirse a un simple querer solucionarlo. La propiedad y el lucro sobre el medio natural del cual debemos proveernos todos es violencia instalada y aceptada aún por gran parte de quienes victimiza esa apropiación. No parece muy factible solucionar el hambre y la exclusión y preservar la naturaleza, si no se antepone una mejor inteligencia a la que estimulan las apetencias privadas.

Liberalismo, exclusión y hambre

La doctrina liberal sacraliza la libertad personal y resiste toda intervención Estatal que pueda limitar la regulación del mercado. Como consecuencia, la sociedad se organiza según los resultados de la puja por intereses individuales. Una lógica organizativa que muestra su insuficiencia al condenar al hambre y excluir del sistema creado a cada vez más personas.

Arturo Sampay[1]  en 1949, al dar su Informe a la Comisión Revisora de la Constitución, afirmó que la formalizada en 1853 –claramente liberal- se había propuesto afianzar la libertad personal comportando la supresión de las constricciones jurídicas, porque suponía que “una sociedad movida por el sólo interés personal podía ser capaz de generar –naturalmente- un orden justo”. Muy por el contrario, la realidad histórica enseña que, postular la no intervención del Estado en materia económica significa quedar en manos de intereses particulares contrapuestos, donde inevitablemente pierde el más débil.[2]

El informe “Los límites al crecimiento” del Club de Roma en 1972[3]  advirtió que si permanecían las actuales condiciones de despilfarro habría un mundo “posible” para la mitad de los habitantes. Esa advertencia  no sirvió para reorganizar la utilización de los recursos sino para debilitar la imaginación de un mundo mejor en favor de los discursos excluyentes. ¿Cómo explicar si no, el actual apoyo a las políticas locales en Buenos Aires?  Allí la estrategia excluyente adoptada, es proporcional al temor de la franja social que la sostiene. Temen que al hacer lugar a otros dejen de aumentar sus privilegios. Evidencian que, para los sempiternos acomodados o para los recién llegados, el planeta no debe ser para todos; aunque argumenten que no alcanza.

En el mundo, la superficie agrícola es de 49 millones de km2. De allí, 14 millones corresponden a tierras cultivables. [4]. En la Argentina la superficie agrícola es de 1.770.000 km2 y las tierras cultivables  336.300 km2 (33.630.000 hectáreas), pertenecientes mayoritariamente a la región pampeana. [5]  Según las cifras promedio de la cosecha granífera del 2007, el mundo podría alimentar a 10.000 millones de habitantes (hoy somos 7.000 millones) y de esa cifra, la Argentina unos 250 millones de personas y hasta 400 millones si se consideran los rendimientos de 2,7 toneladas por hectárea censados últimamente en el país. [6]

La exclusión y el hambre no son problemas obligados por causa material o técnica, más si se considera que los cálculos citados se centran en los alimentos obtenidos de la tierra cultivable, sin sumar los 3.500 millones de hectáreas de pastos en el mundo (140 millones en Argentina) útiles para ganadería; ni la pesca; ni incorporación de regadío u otros procedimientos optimizadotes en tierras hoy improductivas, etc.

Sin duda no es un problema material o técnico, pero tampoco puede reducirse su solución a un simple querer hacerlo. ¿Cuántas personas y con qué fuerza lo querríamos hacer? Difícilmente alcance el solitario ímpetu de una Ley o el voluntarismo político sin el apoyo concreto de una ciudadanía unida y organizada en esa convicción. Sosteniendo los privilegios de la desigualdad, se articula en múltiples frentes, un enemigo poderoso que ha logrado ser legitimado aún por gran parte de sus propias víctimas.

La violencia de la propiedad privada

Los paisajes tienen dueño y muchos “derechos civiles” no son otra cosa que protecciones a esa propiedad privada. La violencia económica comenzó al concebirse propietarios particulares sobre el medio natural común a todos, con el único objeto de acaparar riqueza. Esa violencia se consolidó debido a la protección otorgada por los Estados liberales y se acentuó al concentrarse en cada vez menos manos. En los años 90, el Consenso de Washington organizó la globalización de las políticas neoliberales en Latinoamérica; impuso la concentración de las multinacionales y debilitó a los Estados “periféricos” con privatizaciones, desregulaciones a favor del libre mercado y eliminación de barreras a las inversiones extranjeras directas, que generaron los mayores índices de movilidad social descendente.

Una mirada retrospectiva encuentra inicios de la cultura propietaria en la Inglaterra de los siglos XV al XVIII. La resistencia de las leyes finalmente cede ante los Bills for Inclosure of Commons (leyes sobre el cercado de terrenos comunales) y permite a los "lords" británicos apropiarse y cercar los campos, antes propiedad comunal explotada por el conjunto de campesinos locales. La propia Ley quedó convertida en vehículo de la depredación de los bienes del pueblo[7] y definió la conversión de esos otrora trabajadores independientes, según fuera su suerte, en asalariados de los "landlords" o en mendigos.

Para Locke[8], tal vez el más célebre justificador de la política liberal, la propiedad y la libertad son parte constitutiva de la naturaleza humana. Algunas décadas después, Jean-Jacques Rousseau criticaría: "El primero que, habiendo vallado un terreno, se le ocurrió decir: esto me pertenece, y encontró gentes lo suficientemente simples para creerle, fue el verdadero fundador de la sociedad civil. Cuántos crímenes, muertos, miserias y horrores hubiera evitado al género humano el que, arrancando las estacas o rellenando el foso, hubiera gritado a sus semejantes: guardáos de escuchar a este impostor; estáis perdidos si olvidáis que los frutos son de todos y que la tierra no es de nadie".[9]

La Consulta Regional Latinoamérica de la FAO sobre Directrices Voluntarias para una Gobernanza  responsable[10] en la Tenencia de la Tierra y de otros Recursos Naturales; datada en Brasilia, en Mayo de 2010 sostiene: “La concentración de la propiedad de la tierra sigue siendo el mayor obstáculo a la gobernanza responsable de la tierra y de los otros recursos naturales en América Latina”.[11]

Según la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), en la Región Pampeana Argentina (la más fértil del país) 1.250 propietarios acaparan el 35 por ciento de la tierra a un promedio de 6.000 hectáreas cada uno.  Considerando todo el país, el mayor terrateniente privado es el grupo Italiano Benetton, con 900.000 hectáreas que; junto a Cresud[12], Bunge y Born y Fortabat suman 2.000.000 de hectáreas. De las treinta y tantas familias que a principios del siglo XX concentraban la mayor parte de la tierra; treinta continúan siendo grandes terratenientes. Los Perez Companc son dueños de 155.000 hectáreas; los Anchorena de 40.000 hectáreas; los Gómez Alzaga, de 60.000; la familia Bemberg, ex propietaria de la cervecería Quilmes, tiene 60.000 hectáreas en Buenos Aires, 73.000 en Neuquén y 10.000 en Misiones.

La sociedad burguesa compuesta por individuos socializados como propietarios privados, impone su razonamiento mercantil como sentido común. La conveniencia económica particular, la puja apropiadora, es el parámetro que organiza la sociedad occidental desde los tiempos de la Revolución Francesa. El arte del buen vivir, la oikonomia[13] que pregonara Aristóteles, más próxima al objeto de la ecología, a la administración de las necesidades de una familia que a la conveniencia empresaria, quedó sustituida por la crematística que aquel filósofo despreciara, el arte de ganar dinero. En el planteo economicista[14], la naturaleza es un mero “recurso” al servicio del progreso y bienestar humano; no obstante, corrido el velo de los eufemismos, puede observarse que los “recursos” naturales resultan en los hechos un simple objeto de apropiación, un medio más de fabricar dinero.

La mentalidad del provecho económico está en los fundamentos de la propiedad pero sería irreal circunscribir esa cultura a una pequeña elite de grandes propietarios. Difícilmente la redistribución de la propiedad podría por sí misma resolver el actual desquicio, ya que si la valoración que prima -y lleva a decidir qué cosa cultivar y cuál no- es la regla de la mayor ganancia, mil o millones de propietarios mayoritariamente se inclinarían por el cultivo más rentable.

Los pooles de siembra socializan esta primacía del lucro entre especuladores e inversionistas de mediana solvencia, confirmando que en definitiva lo que importa no es tanto la propiedad sino sus frutos portadores de ganancia. En Argentina, a partir de 1990, asumen un fuerte control de la producción agropecuaria mediante el arrendamiento de grandes superficies. Reducen costos al operar a gran escala y hacen inviables, comparativamente, las iniciativas de los pequeños productores. La ventaja cómoda de los inversores hace la vista gorda a la voracidad que causa daños a terceros y al ambiente por una masiva utilización de agroquímicos y por la falta de rotación en los cultivos.

La lucha por la existencia

No parece muy factible solucionar el hambre y la exclusión y preservar la naturaleza, sin anteponer una mejor inteligencia a la que estimulan las apetencias privadas.  Son indispensables la sistematización, el reordenamiento y la planificación del bien común con independencia de sus eventuales propietarios. Es fundamental resguardar del arbitrio privado -de la conveniencia particular de una pequeña elite propietaria que hace con su plata lo que quiere- todos aquellos medios de los cuales depende la existencia de todos. Sin una tutela democrática del interés mayoritario; se torna imposible que los recursos de la  naturaleza sean para todos.

Frente a la lógica del economicismo reacciona el mediatismo ambientalista[15] sensibilizado con el deterioro del hábitat pero con poco cuestionamiento a las políticas excluyentes. Como contrapartida, muchos movimientos sociales, nacidos por la supervivencia de comunidades marginadas, configuran verdaderos movimientos ecologistas[16] en su lucha por sacar recursos naturales de la esfera económica, de la lógica mercantilista, para devolverlos a la prioridad de garantizar la existencia de la comunidad.

La “Guerra del Agua” es el nombre popular de una serie de protestas que tuvieron lugar en Cochabamba, Bolivia, a principios del 2000 y que dejaron sin efecto la privatización del abastecimiento del agua municipal impulsada por el Banco Mundial a favor de la multinacional Bechtel. La ley le concedía el monopolio sobre todos los recursos de agua e insólitamente, se indicaba que la población debería requerir licencia para poder recoger agua de lluvia. La “Guerra del Gas” surgió por oposición a la exportación de gas natural de Bolivia a EEUU y México mientras en el país no se abastecía. Las protestas fueron dirigidas por campesinos y mineros, destacándose Evo Morales, (dirigente sindical cocalero) y Felipe Quispe (dirigente campesino del norte paceño). Ocasionó la huida del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada que dejó su renuncia en el Congreso. En 2005 Evo Morales ganó las elecciones nacionales y apenas iniciado su gobierno firmó nuevos contratos petroleros donde Bolivia pasó a tener el control mayoritario de las acciones y los ingresos para el país subieron del 18% al 84%.

Los sujetos que motoricen una mejor inteligencia en la organización social, pueden ser tan diversos como respuestas se organicen frente a los conflictos que origina la actual hegemonía. Ya están allí las organizaciones colectivas partidarias o apartidarias que se organizan; profundizan su lucha y se articulan. No califican para estar, las ONG subsidiadas desde EEUU y es improbable que puedan hacerlo los sectores en relación de dependencia si se cierran en reclamar sólo por su status. Sería arduo probar que las pulseadas sectoriales dentro de la estructura económica, hayan provisto alguna vez soluciones a los excluidos, los sin trabajo, los invisibilizados. No parece que del forcejeo por porciones y posiciones en el negocio pueda resurgir aquella utopía esperanzada en la clase obrera como ariete hacia una sociedad igualitaria.

Ernesto Laclau y Chantal Mouffe afirman: (…) “Cuando se habla de socialización de los medios de producción como de un elemento en la estrategia de una democracia radicalizada y plural, es preciso insistir en que esto no puede significar tan sólo la autogestión obrera, pues de lo que se trata es de una verdadera participación de todos los sujetos a quienes interesan las decisiones acerca de lo que va a ser producido, de cómo va a ser producido y de las formas de distribución del producto. Es sólo en tales condiciones que puede tener lugar una apropiación social de la producción. Reducir la cuestión a un problema de autogestión obrera es ignorar que los “intereses” obreros pueden ser construidos y articulados de tal modo que no tengan en cuenta las reivindicaciones ecológicas o de otros grupos, que sin ser productores, son afectados por las decisiones que se adoptan en el campo de la producción.” [17]

Pero la tierra cultivable, el agua potable, la energía -la naturaleza que puede asegurar la vida de todos sin ser destruida- necesitan un plan. Y, ¿qué otra cosa es un Estado? Claro, debe ser un plan para todos, no para que una minoría engorde sus privilegios.[18] Un Estado popular y democrático genera condiciones, aporta iniciativas, organiza y aúna fuerzas que permiten concretar las aspiraciones de los colectivos. Nunca lo hizo ni lo haría un Estado títere de presiones corporativistas privadas, defensor de intereses mezquinos, represor de las reacciones sociales y destructor de las conquistas.

Hace algunos años, la Constitución de 1949 sintetizó la orientación del peronismo en el tratamiento de los recursos sensibles. Lo importante es la dirección, el uso de la propiedad y no la propiedad misma. Se fortaleció la intervención Estatal entendida en las palabras de Perón: “el Estado es para el hombre y no el hombre para el Estado”. Se dispuso la protección de los sectores hiposuficientes y principalmente su Art.38 establecía la función social de la propiedad. Además, el Art.39, disponía la funcionalidad del capital al servicio del bienestar social y el Art.40, la organización de la riqueza con la finalidad del bienestar del pueblo. Minerales, aguas, yacimientos y otros, se declararon propiedades imprescriptibles e inalienables de la nación.

Aquella Constitución, invalidada por el golpe de 1955, fue el más concreto intento institucional fuera de los principios organizadores del Estado liberal. Hablar de función social de la propiedad es apartarse de la lógica economicista, de la primacía de los intereses individuales sobre los conjuntos. Las libertades individuales siempre serán un principio insuficiente para organizar lo común con justicia. Por eso en la superación de los actuales perjuicios, rumbo a un futuro bueno para todos y bueno para la salud del planeta, la libertad del “uno” debe estar limitada por el derecho del “todos”.

[1] Destacado jurista, constitucionalista y docente argentino; referente en estudios sobre el Estado y constituyente de la Convención que sancionó la Constitución Argentina de 1949.

[2] Constitución de la Nación Argentina 1949 con estudio preliminar del Dr. Eugenio Raúl Zaffaroni, Edición a cargo de la Dirección de Prensa y Comunicación del Archivo Nacional de la Memoria.

[3] Los límites al crecimiento (en inglés The Limits to Growth) es un informe encargado al MIT por el Club de Roma que fue publicado en 1972, poco antes de la primera crisis del petróleo.

[4] Según estadísticas del Banco Mundial, tierra agrícola es la afectada a cultivo permanente y a pradera permanente. La tierra cultivable incluye aquellos terrenos definidos por la FAO como afectados a cultivos temporales o permanentes que no necesitan replantarse tras cada cosecha (como el cacao, el café o el caucho). También incluye los terrenos con arbustos de flores, árboles frutales, árboles de frutos secos y vides, pero se excluyen aquellos donde se siembran árboles para obtener madera o madera de construcción. Las praderas permanentes son los terrenos que se explotan durante cinco o más años para forraje, ya se trate de especies naturales o cultivadas.

[5] Según datos de la FAO, al 2000 / 2001 / http://www.todoagro.com.ar/todoagro2/nota.asp?id=6322

[6] Hoy según datos de la FAO, los rendimientos medios mundiales -con grandes posibilidades de mejora- son para los cereales de 2,7 toneladas por hectárea.  En Argentina el rendimiento promedio Tonelada/Hectárea cultivada   es de 1,7 para el girasol, 3,2 para el sorgo, 3,2 para el maíz y 2,0 para la soja.

[7] Karl Marx, “El Capital”, Tomo I, Cap.XXIV “El Secreto de la Acumulación Originaria”

[8] John Locke, “Segundo ensayo sobre el gobierno civil”, Traducción de Claudio Amor y Pablo Stafforini, Editorial Prometeo/Universidad Nacional de Quilmes, 1ra edición, año 2005. Cap.IX, pp 144.

[9] Jacques Rousseau, “Discursos sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad en los hombres”, segunda parte, 1755.

[10] Gobernanza es un concepto de reciente difusión para designar la eficacia, calidad y buena orientación de la intervención del Estado.

[11] Depósito de documentos de la FAO: http://www.fao.org/docrep/012/al413s/al413s00.pdf

[12] Multinacional que en Julio 2012 amenazaba cerrar su frigorífico Carnes Pampeanas, el mayor de La Pampa, y despedir a sus 295 empleados; para trasladar su inversión a zonas de mayor beneficio económico.

[13] Aristóteles, “La Política”; Libro I, Cap.III y IV

[14] Según el Diccionario de la Real Academia Española, economicismo es el "criterio o doctrina que concede a los factores económicos primacía sobre los de cualquier otra índole". En base a esta definición, puede entenderse como economicista cualquier planteo práctico o teórico de derecha o izquierda que mantenga tal primacía.

[15] La Ecología se define como la rama de la Biología que estudia las relaciones entre los seres vivos y su ambiente; Ecologista es quién investiga y/o trabaja para optimizar la relación ser vivo-ambiente. Diferente es el ‘ambientalismo’ o ‘conservacionismo’, una corriente de opinión a favor de la conservación del entorno natural, del no deterioro del ambiente. La acción Ecologista proclamada como tal, no pareciera tener vocación de actuar políticamente; de actuar abiertamente en la organización de la mejor obtención y distribución de los bienes provenientes de la naturaleza. Por esa característica sus luchas y logros se encuadran como “ambientales” y explican la confusión habitual de tratar ecología y ambientalismo como sinónimos.

[16] “El Ecologismo de los Pobres” artículo de Joan Martínez Alier, economista de la Universidad de Barcelona (España).

[17]  Ernesto Laclau y Chantal Mouffe, “Hegemonía y Estrategia Socialista”, Fondo de Cultura Económica 3ra edición, 2010; pág 224

[18] La Ley 26.741 promulgada en la Argentina en Mayo de 2012, dice en su artículo 1: “Declárase de interés público nacional y como objetivo prioritario de la República Argentina el logro del autoabastecimiento de hidrocarburos (…). La Ley deroga las disposiciones vigentes desde 1989 que establecían la desregulación del sector, la libre disponibilidad de los hidrocarburos para su comercialización, la libertad de precios y la libre importación y exportación con exención de derechos, aranceles y retenciones.