Este escrito intenta resumir los múltiples factores políticos, sociales y jurídicos que posibilitaron la concreción de los juicios por delitos de lesa humanidad en Argentina.
Introducción
El golpe de 1976 fue el instrumento para hacer
posible el arraigo de una economía dependiente, tal como lo requerían los
centros de economía mundial. Así se instauró el Estado Terrorista que fue más
allá de ser un Estado asaltado por su brazo militar. Constituyó una nueva forma
de estado de excepción, donde “en
contradicción con las bases fundamentales del Estado democrático burgués,”
afirmó que “el principio de sujeción a la ley, la publicidad de los
actos y el control judicial de los mismos, incapacitaba para la defensa de los
intereses de la sociedad”. [1] Se
justificó así un Estado clandestino que usó el terror y el crimen como método
para “posibilitar la ejecución de la
política imperialista y promonopólica que en la Argentina se conoció como Plan
Martínez de Hoz”. [2]
Merced a la aplicación de la llamada “Doctrina
de Seguridad Nacional” los factores internos adversos dejaron de considerarse
en términos políticos y pasaron a ser equiparados a “fuerzas antagónicas, que deben ser militarmente eliminadas cuando
adquieren la forma de oposición activa a los actos del gobierno”.[3]
En el retorno a la democracia el radicalismo
incorporó los derechos humanos en su campaña electoral y la militancia, que se
contaba de a miles, recomponía la participación política partidaria. En tanto,
los miembros y cómplices del terrorismo de estado, buscaban salir indemnes con
la teoría de los dos demonios por la
cual, la Argentina había resultado víctima de dos bandos igualmente demenciales
y violentos. Con esos argumentos, la democracia fue extorsionada en su
continuidad a la creación del escenario para una pretendida reconciliación. “A lo sucedido se lo denomina
“desencuentros”, se reclama el “mutuo perdón” como si se tratara de meros
grupos enfrentados (el Estado y los particulares armados, puestos a igual
nivel) y además, como si no existieran los millares de víctimas sociales” [4]
Desarrollo
Los familiares de las víctimas y las
agrupaciones de DDHH denunciaron y visibilizaron dentro y fuera del país los
crímenes del Estado; buscaron verdad y justicia, consiguieron apoyo
internacional, crearon redes e influencia recíproca entre los movilizados y
valoración de lo democrático. Si bien, previo al golpe ya existían varios
organismos importantes; la mayor parte de las organizaciones hoy consideradas
"históricas" surgió entre 1976 y 1979: el Movimiento Ecuménico por
los DDHH (1976), la Comisión de Familiares de Desaparecidos y Presos por
Razones Políticas (1976), Madres de Plaza de Mayo (1977), Abuelas de Plaza de
Mayo (1977) y Centro de Estudios Legales y Sociales ( CELS, 1979). [5]
A poco tiempo de asumir Raúl Alfonsín la
presidencia del país, el Congreso derogó la ley 22.924 llamada de Pacificación Nacional promulgada por
los militares en septiembre de 1983 como una suerte de autoamnistía. El presidente ordenó procesar por el decreto 157 a los dirigentes del ERP
y Montoneros; y por el decreto 158
a las tres juntas militares que dirigieron el país desde
el golpe hasta la Guerra de las Malvinas. Para este último se respetaba la
competencia del Consejo Supremo de las FFAA (CONSUFFAA) en atención a la
prohibición del Art.18 de la Constitución Nacional de sacar al imputado del
juez designado por la ley con antelación al hecho, aunque se fijaba que la
sentencia dictada era apelable ante la Cámara Federal. Luego la ley 23.049
reformaba el Código de Justicia Militar impidiendo a las víctimas ser parte
acusadora y disponiendo que salvo en el caso de hechos atroces o aberrantes,
los hechos cometidos cumpliendo órdenes o directivas de los mandos superiores
orgánicos tendrían presunción iuris
tantum (admite prueba en contrario) de que se obró en razón de la
legitimidad de la orden recibida.
La Comisión Nacional sobre la Desaparición de
Personas –CONADEP- integrada por personalidades del país “posiblemente constituya el capítulo más destacado del gobierno de Raúl
Alfonsín”. Su relevo, documentación y registro de violaciones a los
derechos humanos que servirían de base en los procesos penales, se publicaron en
setiembre de 1984 en el informe “Nunca Más” cuya difusión provocó honda repercusión
nacional e internacional. [6]
Ante la demora de la justicia militar, la
Cámara Federal decide desplazar al tribunal militar. El Juicio a las Juntas (causa 13) constituye un hito político en la
lucha contra la impunidad, pese a sus límites fácticos y jurídicos, como la no
aplicación del derecho internacional. La audiencia pública fue en la Sala de
Audiencias del Palacio de Justicia de la Nación desde abril hasta agosto de
1985 y declararon en ella 833 personas. Se condenó a prisión a cinco de los ex
comandantes en jefe.
En un contexto de presiones institucionales y levantamientos
militares (carapintadas) en oposición al juzgamiento de oficiales, el Congreso
de la Nación dicta en diciembre de 1986 la ley 23.492 de Punto Final
estableciendo la caducidad de la acción penal contra los imputados en
detenciones ilegales, torturas y asesinatos, excepto para delitos de
sustitución de estado civil, sustracción y ocultación de menores. Poco tiempo
después en junio de 1987 se sanciona la Ley 23.521 de Obediencia Debida. Su Art.1
modifica la ley 23.049 estableciendo la presunción iuris et de iure (no admite prueba en contrario) respecto de los
delitos cometidos por los miembros de las FFAA en obediencia a órdenes emanadas
de sus superiores durante el Terrorismo de Estado. En julio de 1989 asume Carlos Menem que abandona sus promesas electorales y continúa
el proyecto económico de la dictadura. Con el argumento de “crear las condiciones y el escenario de la reconciliación, del mutuo
perdón y de la unión nacional”, indulta a Videla, Massera, Agosti, Viola y Lambruschini
(Decreto 1002/89) a Camps y Ricchieri (Decreto 2741/90) a Martínez de Hoz (Decreto
2741/90) y a Suarez Mason (Decreto 2746/90).[7]
Cuando la decisión de un gobierno
representativo no responde a los deberes del Estado, los mecanismos
extra-institucionales como autotutela de derechos cobran gran importancia.[8] La
acción de familiares y organizaciones se movilizan en actos, marchas,
expresiones culturales y en la búsqueda de alternativas para la justicia. Se
acude a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA (CIDH), para
denunciar al Estado Argentino por la impunidad otorgada con las leyes de
obediencia debida y punto final. La ClDH se pronuncia mediante el Informe 28 de
1992, en el que manifiesta que “las leyes
eran contrarias a la Convención
Americana de Derechos Humanos, de la que la Argentina es parte, por
violarse el derecho a la justicia de las víctimas”. [9]
Con avances y retrocesos, en Argentina hubo
una evolución vinculada al desarrollo
progresivo del derecho internacional
que se diera post Segunda Guerra Mundial. La Constitución –actual Art.118-
ya establecía la vigencia del derecho internacional consuetudinario o derecho
de gentes; no obstante es reforzado en la reforma de 1994 al incluirse en el Art.75
Inc.22 la Declaración Universal de DDHH y otros instrumentos internacionales. “Esta
evolución aparece como el resultado de una conjunción del movimiento de derechos humanos, en el que
desempeñan un papel decisivo los organismos de los afectados directos, que ha
mantenido la continuidad y elevado el nivel de sus reivindicaciones a lo largo
de las tres últimas décadas, a veces en una verdadera "travesía del
desierto”', el militantismo jurídico, contra viento y marea, de ciertos magistrados
y de los abogados de derechos humanos y el papel decisivo de muchos periodistas
y órganos de prensa”. [10]
Numerosas acciones de organismos y familiares,
dentro y fuera de la Argentina abrieron nuevas vías de investigación y
juzgamiento o solicitaron la reapertura de procesos. En colaboración con
organizaciones de otros países, se presentaron denuncias para acceder a la
jurisdicción extranjera. En mayo de 1996 ante la Audiencia Nacional de Madrid,
España, utilizando el principio de Justicia Universal por el cual los
tribunales de cualquier país tienen competencia para perseguir a los
responsables de crímenes de lesa humanidad. Años más tarde en ese país, la
aplicación del principio permitiría la condena de Adolfo Scilingo confeso
partícipe de los denominados vuelos de la
muerte. En esa oportunidad el Tribunal Constitucional de España aclaró que
la competencia de la Justicia Universal es concurrente y no subsidiaria de la
persecución de los mismos hechos en el país de origen, ya que una eventual
sentencia dictada que resultara en impunidad, provocaría el efecto de cosa
juzgada bloqueando otras acciones. [11] En
Francia se condena en ausencia a Alfredo Astiz por su acción al infiltrarse en
el movimiento de DDHH en el que colaboraban las monjas francesas Leonie Duquet
y Alice Domon. En Alemania se hacen denuncias invocando el principio de
nacionalidad de la víctima en los casos de Elizabeth Kasemann y Klaus Zieschank
cuyos cuerpos hallados e identificados permitieron avanzar en el proceso ante
el Tribunal de Nuremberg. En ese proceso la Fiscalía solicitó la extradición de
militares argentinos, entre los que estaban Videla y Massera. En Roma, también
en base al principio de nacionalidad pasiva, se recibieron numerosos testimonios
y se investigó durante más de diez años los crímenes contra ciudadanos italianos
en Argentina en el marco de la "Operación Cóndor". [12]
En tanto, en el país se buscaban alternativas
para contrarrestar el repliegue militante y sortear el impedimento a la
justicia generado por las leyes de Obediencia Debida, de Punto Final y los Decretos
de Indulto. En 1995 se constituye la organización H.I.J.O.S. con el propósito
de “no dejar caer la problematización de
las violaciones a los derechos humanos ocurridas en la dictadura”. Utiliza escraches para darle visibilidad a los
responsables de la represión y romper con la indiferencia.[13] En
marzo de 1998 el Congreso de la Nación sancionó la ley 24.952 por la que se
derogaron las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. Una iniciativa política
y jurídicamente importante si bien la figura de la “derogación” dejaba sin
vigencia dichas leyes hacia el futuro sin afectar las consecuencias producidas
con anterioridad.
También en 1998 se presentaron denuncias
contra militares bolivianos, uruguayos, paraguayos y chilenos partícipes de la Operación
Cóndor, dado que ellos no estaban beneficiados por las leyes de la impunidad. En
julio de ese mismo año, el juez federal Roberto Marquevich al dictar prisión
preventiva a Videla, avanzó en la
calificación jurídica en la que el ex dictador fue imputado autor mediato de
los delitos de sustracción, ocultación y retención de un menor de diez años en
cinco oportunidades, en concurso real con otros delitos. El Juez consideró que si
bien la tipificación respondía a figuras de nuestro ordenamiento penal, eso no
implicaba el desplazamiento de la concurrencia del concepto de crímenes contra
la humanidad: “para nuestro país son
vinculantes a la vez los instrumentos internacionales de derechos humanos con jerarquía
constitucional (CN Art.75 inc.22) y el Derecho de Gentes (CN Art.118). Este
ordenamiento se vulneraría si se limitase a subsumir los hechos como infracción
a los artículos del Código Penal”. [14]
En el año 2000 el TOF 5, juzgó al chileno
Arancibia Clavel, miembro de la Dirección de Inteligencia (DINA) chilena; por
los crímenes del General Carlos Prats y su esposa, ocurridos en Buenos Aires en
1974. El juicio se transformó en un hito de la jurisprudencia argentina dado
que el fallo de la Corte Suprema declaró la imprescriptibilidad de los crímenes
de la dictadura, al definir que el ordenamiento jurídico interno queda
desplazado por el derecho internacional consuetudinario y por la
"Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de
los Crímenes de Lesa Humanidad", aunque
había sido aprobada en el país con posterioridad a la comisión del hecho. [15]
Los denominados juicios "por la
verdad", con el único fin de conocer el destino final de las víctimas,
comenzaron a abrirse en las ciudades mas importantes de la Argentina, especialmente
ante la Cámara Federal de La Plata. La Corte Suprema los había declarado
improcedentes con fundamento en que las diligencias de investigación implicaban
la reapertura del proceso contra quienes ya habían sido sobreseídos; pero fue decisoria
la intervención de la CIDH que en febrero de 2000, propició un acuerdo entre el Estado argentino y Carmen Aguiar de
Lapacó, madre de una desaparecida, que se había presentado reclamando conocer
lo ocurrido con su hija, obligando al primero a realizar todas las medidas
pertinentes para procurar la verdad.
Paralelamente, se denunció a militares utilizando
la figura legal de delito permanente o continuo [16] (Art.63
CP) ya que las personas afectadas por los delitos cometidos continuaban en
calidad de desaparecidas más allá de 1990 cuando fueran dictados los indultos. En marzo de 2001 días después de la sentencia
"Barrios Altos" donde la CIDH condena al Perú por la amnistía que
este país había otorgado a favor de perpetradores de masivas violaciones a los
derechos humanos, el juez federal Gabriel Cavallo, en la causa Simón, declaró
inconstitucionales las Leyes de Obediencia Debida y de Punto Final.
La crisis del 2001, consecuencia de la
aplicación de la política neoliberal, con crecimiento del endeudamiento y el
remate del patrimonio nacional, dejará sin sustento la fantasía primer mundista. La movilización popular del 19 y 20 de
diciembre aporta conciencia de si y empodera al pueblo que se reconoce como el
factor desencadenante de la renuncia del presidente Fernando de la Rua.
Entre otras numerosas causas iniciadas por
familiares y organismos, en 2002, en la causa Batallón 601, por la que se
investigan los secuestros, las torturas y las desapariciones de un grupo de
militantes Montoneros al regresar al país en 1979 y 1980; el juez federal
Claudio Bonadío reactivó las investigaciones, ordenó detener a cuarenta
militares y declaró la inconstitucionalidad de las leyes de Punto Final y Obediencia
Debida.
Al asumir la presidencia en mayo de 2003, Néstor
Kirchner expresaba “Formo parte de una
generación diezmada, castigada con dolorosas ausencias; me sumé a las luchas
políticas creyendo en valores y convicciones a las que no pienso dejar en la
puerta de entrada de la Casa Rosada” [17] En los
primeros días descabezó las cúpulas militares y acompañó los reclamos de los
organismos de derechos humanos haciendo suyo el proyecto de nulidad. Consecuentemente,
en agosto, el Poder Legislativo dictó la ley 25.779, por la cual se declararon
insanablemente nulas las leyes de la impunidad. A diferencia de la derogación,
la nulidad retrotrajo los efectos desde el inicio. En consecuencia, se reabrieron
la causa 450 por crímenes cometidos en la jurisdicción del Primer Cuerpo del
Ejército y la causa 761 por los
perpetrados en la Escuela de Mecánica de la Armada. Días después, la Cámara
Federal de Apelaciones de San Martín reabrió la causa por los centros
clandestinos de Campo de Mayo. Lo mismo ocurrió en otras ciudades como Córdoba,
La Plata, Bahía Blanca, Santa Fe y Rosario.
En junio de 2005 la Corte Suprema al
dictaminar sobre el caso Simón, declaró válida la ley 27.779, apreciando que el
legislador había querido subsanar con ella la grave infracción al derecho
internacional de las leyes anuladas. En julio de 2007, en los autos “Mazzeo, Julio Lilo y otros s/ rec. de
casación e inconstitucionalidad”, declaró la inconstitucionalidad del decreto
1002/89 sobre la base de que indultar a autores y partícipes de delitos de lesa
humanidad “conlleva la renuncia a la
verdad, a la investigación, a la comprobación de los hechos, a la
identificación de sus autores y a la desarticulación de los medios y recursos
eficaces para evitar la impunidad”. Respecto a los principios que se utilizaban
habitualmente para justificar el instituto de la cosa juzgada y non bis in idem aclaró que no resultaban
aplicables porque, los instrumentos internacionales que establecen la categoría
de lesa humanidad y el deber para los Estados de individualizar y enjuiciar a
los responsables, “no contemplan que esta
obligación cese por el transcurso del tiempo, amnistías o cualquier otro tipo
de medidas que disuelvan la posibilidad de reproche”. [18]
Progresivamente se inician o reinician otras causas
hasta llegar a un número actual de 1083 procesados por delitos de Lesa
Humanidad según datos de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad a
cargo del fiscal Jorge Auat [19] “Los testigos podían contar por primera vez
libremente sus experiencias ante jueces y fiscales civiles, y los
sobrevivientes y familiares presentarse como querellantes, incorporándose a los
procesos como parte, con la facultad de proponer medidas y discutir y coadyuvar
en las decisiones judiciales”. [20]
Conclusiones:
La concreción del juzgamiento y condena por
delitos de lesa humanidad en Argentina, se explica no sólo por los logros sociales,
jurídicos y políticos aquí consignados, sino también por la acumulación de
trabajo –no siempre exitoso- realizado durante años por sobrevivientes,
familiares, abogados, políticos, jueces y tantos que brindaron sus convicciones
y militancia de jornada completa.
Los derechos humanos vulnerados no generaron por
sí una justicialidad automática. Se necesitó de la acción y del talento de
muchos para hacerlo posible. Hoy, el hecho reparador de los juicios es el
resultado de la lucha sostenida y articulada de quienes -individual o
colectivamente- resistieron, militaron y militan para lograr los objetivos de
memoria, verdad y justicia.
BIBLIOGRAFÍA
Brailovsky, Antonio “1880-1992 Historia de las
crisis argentinas”
CSJN
(2009) Secretaría de Jurisprudencia, Delitos de Lesa Humanidad.
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Kirchner, 25 de mayo de 2003
Mattarollo, Rodolfo (2010) “Noche y niebla y
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Pereyra, Sebastián (2008) “¿La lucha es una
sola?”, Universidad Nacional de General Sarmiento, Buenos Aires, 2008.
-Sancinetti, Marcelo – Ferrante, Marcelo (1999)
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-Slepoy, Carlos “Los Juicios en España”
-Tapia Valdés, Jorge A. (1980) “El terrorismo
de estado, la doctrina de la seguridad nacional en el cono sur”
-Vázquez Valencia, Luis Daniel (2011) “Los
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-Villalpando, Waldo (2009) “El nuevo derecho
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Educativo Latinoamericano, Argentina.
-Yanzón, Rodolfo “Los juicios desde el fin de
la dictadura hasta hoy” en “Juicios por crímenes de lesa humanidad” de
Verbitsky, Novaro y otros con coordinación de Gabriele Andreozzi. Editorial
Cara o Seca.
[1]
Duhalde, Eduardo Luis (1984)“El Estado terrorista argentino”, El Estado
terrorista y su faz clandestina, Pág.217
[2]
Duhalde, Eduardo Luís (1984) “El Estado terrorista argentino”, Estado de
excepción, dictadura militar y Estado Terrorista, Pág.215
[3]
Tapia Valdés, Jorge A. “El terrorismo de estado, la doctrina de la seguridad
nacional en el cono sur”, Editorial Nueva Imagen, primera edición, 1980, Cap
III, Pueblo, oposición y enemigo interno, Pág.119
[4]
Duhalde, Eduardo Luís (1984) “El Estado terrorista argentino”, Quince años
después, una mirada critica. Pág.162
[5]
Pereyra, Sebastián (2008) “¿La lucha es una sola?”, Universidad Nacional de
General Sarmiento, Buenos Aires. Pág 32
[6] Sancinetti - Ferrante (1999) “El derecho penal en la
protección de los DDHH” Editorial Hamurabi Pág.296.
[7]
Sancinetti - Ferrante (1999) “El derecho penal en la protección de los DDHH”
Pág.354 a 360. Editorial Hamurabi
[8] Vázquez Valencia, Luis Daniel (2011) “Los derechos
humanos, la democracia representativa y los mecanismos
Sociales de garantías”, Crítica Jurídica 31, Pág.187 a
188.
[9]
Yanzón, Rodolfo “Los juicios desde el fin de la dictadura hasta hoy” en
“Juicios por crímenes de lesa humanidad” de Verbitsky, Novaro y otros con
coordinación de Gabriele Andreozzi. Editorial Cara o Seca, Pág.141
[10] Mattarollo, Rodolfo (2010) “Noche
y niebla y otros escritos sobre derechos humanos” Cap.2, pág.30. Capital
Intelectual, Ediciones Le Monde diplomalique
[11]
Slepoy, Carlos “Los Juicios en España” Pág.107 a 113
[12]
Yanzón, Rodolfo “Los juicios desde el fin de la dictadura hasta hoy” en
“Juicios por crímenes de lesa humanidad” de Verbitsky, Novaro y otros con
coordinación de Gabriele Andreozzi. Editorial Cara o Seca, Pág.141
[13] Pereyra, Sebastián (2008) “¿La lucha es una sola?”,
Universidad Nacional de General Sarmiento, Buenos Aires. Pág 42
[14]
Mattarollo, Rodolfo (2010) “Noche y niebla y otros escritos sobre derechos
humanos” Cap.2, pág.52. Capital Intelectual, Ediciones Le Monde diplomalique
[15] CSJN (2009) Secretaría de Jurisprudencia, Delitos de
Lesa Humanidad, Pág.157
[16] E.R.Zaffaroni en su “Manual de Derecho Penal parte
general” define los términos como sinónimos; en tanto J.Machicado en "Delito
Instantáneo, Permanente, Continuado, Flagrante, Conexo O Delito Compuesto"
define continuo cuando es secuencial, y permanente cuando la acción se prolonga
en el tiempo.
[17]
Discurso de asunción del Presidente Néstor Kirchner, 25 de mayo de 2003
[18] CSJN (2009) Secretaría de Jurisprudencia, Delitos de
Lesa Humanidad, Pág.203 a 243
[19]
Diario Tiempo Argentino, 19/10/2013, edición en papel, pagina 14
[20]
Yanzón, Rodolfo “Los juicios desde el fin de la dictadura hasta hoy” en
“Juicios por crímenes de lesa humanidad” de Verbitsky, Novaro y otros con
coordinación de Gabriele Andreozzi. Editorial Cara o Seca, Pág.147
